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La Ordenanza de Transporte Público se encuentra en su
recta final antes de entrar en vigor. Los partidos presentes
en la Asamblea han consensuado el texto definitivo después
de que se aprobara de forma inicial en el pleno del pasado
mes de octubre y, a falta de una reunión, podría salir
adelante este mismo mes. Sin embargo, el reglamento no
cuenta con el visto bueno de la empresa adjudicataria que lo
cree “inoportuno”.
Sólo falta una reunión para ultimar los detalles de la
Ordenanza de Transporte Público, cuyo cuerpo se ha ido
consensuando entre los partidos de la Asamblea desde que se
aprobara de forma inicial en pleno el pasado mes de octubre.
Estaba previsto que el encuentro, presidido por la
responsable de transporte, Adela Nieto, tuviera lugar ayer,
pero se ha pospuesto sin fecha por problemas de agenda.
Después de que se celebre, es probable que la ordenanza se
apruebe en el próximo pleno.
De momento, el PSOE no baraja presentar alegaciones al texto
y destaca el “consenso” que ha prevalecido para darle forma.
El secretario general de la formación, José Antonio Carracao,
señala como todas las aportaciones que han hecho desde la
oposición se han ido incorporando al reglamento, que para el
socialista “se ha tardado mucho en sacar adelante, en
detrimento del interés de los usuarios y los trabajadores”.
Por su parte, desde la empresa adjudicataria, Hadú
Almadraba, aseguran que esta ordenanza es “inoportuna”. Su
gerente, José María Cuéllar, explica que ya han presentado
alegaciones a artículos como los que dejan en manos de la
Ciudad Autónoma las decisiones sobre contratación, compra de
nuevos vehículos o despidos. “La empresa no tendrá ni voz ni
voto”, lamenta Cuéllar.
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