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El segundo traslado de los vehículos pertenecientes a la
Administración de Justicia y que estaba previsto antes de
que finalizara el pasado año, sigue sin producirse y 250
coches continúan ocupando parte del depósito municipal de
Benzú. Por el momento se desconoce la fecha en la que estos
vehículos saldrán de estas instalaciones y tampoco se sabe
si la decisión de Justicia será trasladarlos de nuevo hasta
un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT) en
Conil de la Frontera, tal y como ocurriera el pasado mes de
octubre.
Fue la propia consejera de Presidencia, Gobernación y
Empleo, Yolanda Bel, la que anunciaba un “depósito diáfano y
desahogado” después de la retirada de estos coches y también
que los trabajos por parte de ‘The Green Lead’, la empresa
contratada por Justicia, se realizarían antes de final de
año.
Está previsto que sean 240 los vehículos desalojados, aunque
en las lanchas continuarán en el depósito.
Un traslado con denuncias
El traslado hasta la península provocó la denuncia de
irregularidades por parte de dos empresas. Por un lado, por
parte de la gestora, Ibermad S.L., de la planta de
descontaminación o CAT de Benzú, que aseguraba en un escrito
remitido a la Guardia Civil, Medio Ambiente, Gobernación,
Justicia, Tráfico y Autoridad Portuaria, que no se cumplía
el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al
final de su vida útil, tal y como informaba EL PUEBLO en su
edición del 7 de noviembre de 2012. Ibermad S.L. argumentaba
que la planta de Benzú puede llegar a descontaminar en una
semana 100 vehículos, con lo que los coches de Justicia
podrían haber sido convertidos en chatarra para evitar un
traslado en barco y carretera, que al parecer no cumplía con
la Ley 22)2011 de 20 de julio, cuyo artículo 4 resalta que
“todos los vehículos deberán descontaminarse al final de su
vida útil, antes de ser sometidos a cualquier tratamiento”,
algo que sí ocurrió al parecer con los coches de Justicia,
ya que algunos tuvieron que ser manipulados para recogerlos
en el camión.
Por otra parte, la empresa local ‘Desguaces Rivero’ también
aseguraba el 25 de octubre que no existía ningún auto de
salida de los coches pertenecientes a Justicia. Esta entidad
era la responsable del cuidado de los coches, ya que la
propia Administración de Justicia lo había convertido en
concesionario de los mismos.
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