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“No sólo estamos pagando, sino que incluso hemos pagado
salarios que se debían de antes, por evitar problemas
sociales”. Con estas palabras zanjaba Manuel Pasquau,
apoderado de la empresa ‘MP’, adjudicataria del servicio de
ambulancias del 061, las protestas que habían efectuado los
trabajadores de su empresa. Era el 26 de septiembre de 2011
y Pasquau visitaba Ceuta para presentar, junto al entonces
director territorial, Jesús Lopera, la nueva flota de 16
ambulancias.
Los inicios de la empresa, a comienzos de aquel mes de
septiembre, habían estado marcados por conflictos laborales,
ya que los trabajadores denunciaban retrasos en los ingresos
de las nóminas. Previamente, también hubo conflictos con la
anterior adjudicataria del servicio, ‘Royda’. La plantilla
se posicionó entonces en contra de que el servicio se le
adjudicara a ‘MP’, alegando que ya en otras ciudades con
Melilla había tenido problemas similires.
Sin embargo, el servicio se adjudicó y el apoderado aseguró
en su visita a Ceuta que ninguno de los problemas
denunciados se habían producido realmente. De hecho, incluso
manifestó mostrarse “muy sorprendido”, y aseguró: “Siempre
hay gente que habla sin saber”.
Los conflictos, sin embargo, no cesaron. Casi un año
después, en julio del año pasado, los trabajadores
convocaban concentraciones y huelgas para los meses de
verano, por los mismos motivos.
En aquella ocasión, los trabajadores confiaron -aseguraban
entonces- en las palabras del delegado del Gobierno,
Francisco Antonio González Pérez, quien se había
comprometido a “tomar medidas” si la empresa persistía en
incumplir el contrato. La administración “no puede permitir
que un servicio quede sin ejecutarse, cuando hay un
contrato”, apostilló el delegado hace ocho meses.
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