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Justo cuando el Ejecutivo de Vivas anula su ‘Plan de
reestructuración del sector público de la Ciudad Autónoma de
Ceuta’ por el que pretendía reducir el número de empresas
municipales, organismos autónomos y fundaciones de la
Administración local de 18 a 13, el Gobierno de Mariano
Rajoy vuelve a la carga en su empeño de reducir el aparato
político, burocrático y empresarial de las Administraciones
locales.
Independientemente de lo marcado por la nueva Ley de
Administración Local, el Gobierno de Rajoy apremió el pasado
martes a las comunidades gobernadas por el PP a poner en
marcha o profundizar en las medidas y recomendaciones de la
Comisión para la Reforma de las Administración Pública (CORA),
aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de junio
de 2013.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría,
y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunieron
con consejeros de Presidencia de las comunidades gobernadas
con el PP para exigirles seguir con una tarea ante la que
algunos remolonean, como es el caso de la Ciudad Autónoma.
Además, el Ejecutivo prepara un periplo por las comunidades
autónomas con el mismo objetivo: que cumplan las
recomendaciones del informe sobre la reforma de la
Administración.
Los planteamientos de la CORA tienen un doble objetivo. Por
un lado, reducir y eliminar duplicidades y estructuras
superfluas o prescindibles y aumentar la eficacia en la
gestión de medios y servicios públicos. De esta forma, se
conseguirán importantes ahorros que podrán dirigirse a
financiar la inversión pública y los servicios esenciales
por los ciudadanos. Y, por otro lado, poner la
Administración al servicio de los ciudadanos y de las
empresas, simplificando procedimientos, eliminando trámites
y generalizando la utilización de medios y canales
electrónicos.
En la reunión celebrada en la sede central del Partido
Popular, Sáenz de Santamaría puso sobre la mesa el ejemplo
de los 2.365 “entes públicos” que llegaron a sumar las
Administraciones en España en 2010. De momento, se han
eliminado 607 en dos años, pero el Gobierno quiere que se
supriman hasta 751, hasta casi un tercio del total, para
volver a las cifras de hace diez años.
La Administración autonómica concentra el grueso de ese
sector público empresarial o semiinstitucional gestado
durante décadas. El nuevo objetivo del Gobierno (que depende
de la voluntad de los Gobiernos regionales para que se haga
realidad), es que el número de entidades del sector público
de las autonomías retroceda hasta las 1.747 existentes en el
primer inventario que el Estado hizo en 2003.
En realidad, están efectivamente extinguidas 373 entidades
de las 607 comprometidas, mientras que las otras 234 figuran
“en estadios muy próximos” a la supresión definitiva.
El objetivo que inspira el texto de la reforma de la
Administración es acabar con las duplicidades en servicios y
competencias, además de la búsqueda genérica del ahorro y la
estabilidad financiera.
Pero los Gobiernos autonómicos del PP también admiten, “en
el ejercicio de sus facultades de autoorganización”, el
recorte de estructuras políticas al asumir que tienen que
“reducir el tamaño o el coste de sus aparatos
administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o
la racionalización de organismos que se proponen en el
informe de la CORA”.
Entre las autonomías gobernadas por el PP hay diferencias en
la aplicación efectiva de la reforma de la Administración.
La Junta de Castilla-La Mancha (Cospedal) va por delante en
todo lo que supone supresión de organismos, como cámaras de
cuentas o defensor del pueblo, y en reducción de ejecutivo y
cámara legislativa.
Mientras, en la Ciudad Autónoma de Ceuta, el Gobierno de
Vivas parace hacer caso omiso de las citadas recomendaciones
tras la ‘marcha atrás’ del ‘Plan de reestructuración del
sector público’, ya que éste sigue sobredimensionado, debido
fundamentalmente a una estructura de hasta 18 empresas
municipales, organismos autónomos y fundaciones, en la que
existen múltiples duplicidades en servicios y competencias.
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El pleno para la revocación de los acuerdos de la
reestructuración se celebrará el seis de febrero
El pleno para la revocación de los
acuerdos plenarios por el que se autorizaba el proceso de
reestructuración del sector público empresarial de la Ciudad
de Ceuta se celebrará el próximo día seis de febrero, según
aseguraron ayer fuentes municipales.
Pero la sesión a celebrar por los miembros de la Asamblea no
será extraordinaria como se había presumido y manifestado
tras el anuncio realizado por el presidente de la Ciudad,
Juan Vivas, relativo a la decisión de abandonar todo el
proceso que ahora se pretende anular, sino que lo que se ha
decidido es cambiar la fecha de celebración del pleno
ordinario correspondiente al mes de enero y pasarlo a la
fecha indicada. En el mismo se abordará, como ya se explica,
todo lo relativo al mencionado proceso de reestructuración
en uno de los puntos del orden del día, aunque las fuentes
informantes no precisaron si, además, la sesión plenaria
llevara más puntos relativos a todo este proceso y que
tengan que ver con las empresas municipales.
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Sector público empresarial
