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Desde que Juan Vivas confirmó el pasado martes la anulación
de la reestructuración del sector público, el presidente
viene insistiendo en que “la continuidad de las sociedades,
de los servicios y del empleo está garantizada por la
Ciudad”, asegurando que todas las sociedades estan en
situación de equilibrio financiero, que es el requisito que
establece la nueva Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
Sin embargo, los recursos de reposición presentados por
parte de al menos cuatro funcionarios y que tanto los
técnicos como el propio Vivas han calificado de “muy bien
fundamentados”, destacan la existencia de operaciones “de
ingeniería contable”, en relación a las distintas
sociedades, hecho éste que siembra una duda grave e
importante sobre la situación real de las citadas
sociedades.
Además, los recursos presentados dibujan un sector público
local confuso en el que ni la Ciudad “tiene clara la
delimitación de los servicios públicos que gestionan sus
sociedades”, produciéndose múltiples duplicidades en los
servicios y en las competencias de cada una de las
sociedades.
Los recursos subrayan también que varias de las sociedades
“han devenido ineficientes“ e incluso que algunas “en los
últimos años ni siquiera han estado activas”, manteniéndolas
a través de diversas vías, algunas incluso vulnerando la
Ley.
Incluso afirman que con las sociedades los ciudadanos no
“han obtenido mejores prestaciones ni más rápidas y, ademas,
les ha supuesto un encarecimiento exponencial nunca visto,
debido fundamentalmente al engorde de sus plantillas, para
unos servicios que podrían haber prestado los funcionarios
de la Ciudad”.
Sorprendentemente, los argumentos esgrimidos en los recursos
coinciden punto por punto con lo que el Gobierno de Rajoy y
la Comisión para la Reforma de las Administración Públicas
pretenden evitar, ya que sus objetivos son “reducir y
eliminar duplicidades y estructuras superfluas o
prescindibles y aumentar la eficacia en la gestión de medios
y servicios públicos y reducir el coste mediante el
redimensionamiento”.
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Sector público empresarial
