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Juan Luis Aróstegui comenzó su discurso refiriéndose a “los
ruidos y no las opiniones”, en un ámbito en el que “todos
tienen derecho a opinar pero no cuando no están
fundamentados, devaluando el debate público para convertirlo
en timba de trileros”. Fundamentó su criterio en base a “la
formación y los criterios”, indicando que había oído las más
variopintas opiniones sin informarse de lo que se hablaba.
“Aquí todo el mundo habla de la ley que nadie lee y habla de
lo que no conoce”, dijo Aróstegui.
En este sentido señaló que Caballas ve en la concertación
social un método de gran importancia y que todos los
acuerdos con centrales sindicales tienen un plus de calidad.
Aróstegui justificó su posición afirmando que “Caballas no
es un partido de oposición sino concebido para gobernar:
nuestras actuaciones están basadas en proyectos
independientes, en las mismas condiciones como si
gobernáramos”.
A este respecto, Aróstegui manifestó que “nos parece mal que
haya servicios tan amplios que lleven estas sociedades y es
necesario cambiar el modelo de la administración pública,
para que estos servicios vuelvan a la administración general
de donde nunca debieron salir”.
Y pasó a referirse a la génesis de la situación que se
debatía: “Este es un problema que se estaba gestando hace un
año, provocado por un gobierno del PP a nivel nacional que
ha destrozado y desmantelado los servicios públicos. Esta
ley que anunció el PP de racionalización escondía acciones
perversas, llevando al paro a miles de ciudadanos. El primer
borrador llega del Ministerio de Hacienda provocando con el
cierre de todas las empresas municipales y acabando con
todos los servicios”, situación que pondría a Ceuta con 700
parados más, algo que no se podía permitir en la ciudad
europea de más desempleo. “La situación era: unos al paro y
los servicios cerrados.”
Coalición Caballa dice no querer el paro “ni para nuestros
enemigos, aquéllos que nos insultan a diario”. Y definió el
desempleo: “Para nosotros, el paro es un drama, que nadie
nos pida más desasosiego. Por ello, se elige una fórmula,
transformación en organismos autónomos, algo que ya se ha
hecho aquí con el Instituto de Idiomas y nadie calificaba de
chapuza ni se rasgó las vestiduras, ni la cara, ni llamó
prevaricación. Se asumió con naturalidad el cambio.Y como la
necesidad hace virtud, es bueno cambiar los modelos de los
servicios públicos. Combinábamos dos objetivos: mantener el
empleo y cambiar los servicios. Esta operación no era
fácil”.
Aróstegui describó la situación que se planteó. “Muchos se
oponían. Unos por egoismo y otros por miedo en momentos de
incertidumbre. Y los sindicatos han hecho un trabajo de
equilibrio: derechos para todos y perjuicios para nadie”.
Destacó que el acuerdo suscrito con los sindicatos por parte
del Gobierno “no merma los derechos de los afectados” y se
refirió a las dos partes del recurso de la funcionaria, a la
que calificó de ejemplar: “En cuanto a la integración o no
del personal no lleva ninguna razón el recurso, ya que el
articulo 44 del Estatuto de los Trabajadores protege a éstos
pero la ley contempla la obligatoriedad de hacer pruebas
para acceder a la Función Pública en su condición de
personal fijo y el caso del que se trataba era un trasvase
sin modificar las condiciones laborales de nadie”.
Otro escollo en el procedimiento en palabras de Juan Luis
Aróstegui era exponer un mes los acuerdos. “La literalidad
de la ley no exige la exposición pública -dice Aróstegui,
pero hay concatenación con los Estatutos que tienen
consideración de ordenanza”.
Acto seguido aseguró que “la ley del 21 de diciembre no es
la que llegó al principio y hoy las empresas no corren
riesgos de disolución”. El cambio sustancial de la ley,
según Arostegui, varía el panorama, ya que antes, “todas las
empresas municipales deficitarias eran suprimidas. En la ley
definitiva, las transferencias de las instituciones públicas
se consideran recursos ordinarios y esto salva a todas las
empresas”.
Por otra parte, a “las empresas consideradas de segundo
nivel como Obimace y Parque Marítimo del Mediterráneo, se
les concede un plazo transitorio hasta el 30 de abril que
permite decisiones para situarlas en el mismo nivel de las
demás”. Por ello, el diputado de Caballas, Juan Luis
Aróstegui dijo categóricamente que “hoy las empresas
municipales no corren peligro de disolución”.
A lo largo de su intervención, Juan Luis Aróstegui planteó
que, si dentro de 6 años, hubiera venido una sentencia
adversa a la conversión en organismos autónomos de las
empresas municipales, hubiera supuesto “un terremoto y para
tranquilidad de los trabajadores y de los servicios, parecía
aconsejable volver al punto original”.
En este sentido Juan Luis Aróstegui matizó que “se necesita
un sector público fuerte y de calidad”, exigiendo un cambio
en la estructura de las empresas municipales alegando
“condiciones laborales no soportables” o una “deformación”
de los servicios prestados.
Juan Vivas le respondió defendiendo a su partido a nivel
nacional: “Ha puesto de manifiesto, señor Aróstegui, su
fobia contra el PP, aprovecha la ocasión para decir que el
PP es una desdicha y el culpable de nuestros males. Su
opinión es legítima pero no la comparto y la considero
injusta”.
“Esa desdicha que usted dice es una virtud. Si por desdicha
es dotar de estabilidad al Gobierno de la nación y salir de
la crisis, la sostenibilidad de los servicios públicos,
evitar el rescate de España, recuperar el crédito y la
estabilidad presupuestaria de las Administraciones como
garantía de empleo, se ha conducido a mantener los servicios
y el empleo ....”.
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sociedades
