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La empresa Kibesan 2.000 inmersa en un caso que ha llevado a
la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda
Bel a ser imputada por un presunto delito de prevaricación
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Ceuta, ni tenía indicios de actividad en el momento de
realizar las ventas de suministros para el Plan de Empleo a
la Consejería de Presidencia ni tampoco ahora. En la
actualidad, tras “destaparse” este caso, Kibesan no ha
vuelto a mantener relaciones comerciales con la Ciudad
Autónoma de Ceuta.
La trayectoria de las relaciones de la empresa Kibesan con
la Consejería de la que es titular Yolanda Bel ha estado
plagada de “sombras”: durante los meses de abril y mayo de
2013, cuando Bel realiza las compras la empresa tenía un
objeto social cuya actividad era el comercio al por mayor de
productos de consumo duraderos, suministro de material de
limpieza, textiles, calzado de construcción y de papelería.
Con posterioridad, según consta en el Boletín del Registro
Mercantil de 26 de agosto de ese mismo año –es decir, casi
tres meses después-, tal vez para dar cobertura a sus ventas
a la Consejería de Presidencia, amplía su objeto social:
ventas al por mayor de textiles, confección, calzado y
artículos de cuero, productos de mantenimiento del hogar,
materiales de construcción, artículos de papelería y
escritorio, servicio en cafés y bares, parques o recintos
feriales, la promoción, construcción, arrendamiento y
ventas.
Pues bien, el hecho de que ahora, tras descubrirse este
“affaire” la empresa Kibesan haya dejado de mantener
relaciones comerciales con la Ciudad, induce a pensar que
resulta un tanto sospechoso, dado que siempre mantuvo
Yolanda Bel que no había irregularidad alguna en las
actuaciones que había desarrollado con Kibesan e, incluso,
se permitió amenazar a quien dudara d su honorabilidad.
La jueza sigue en la actualidad el proceso de instrucción,
ya que estudia la documentación que ha llegado a su poder,
tras la celebración de la comparecencia de la imputada
Yolanda Bel el pasado 22 de enero, donde la consejera de
Presidencia, Gobernación y Empleo se negó a responder a las
23 preguntas de la acusación particular a cargo del letrado
de “Conciencia Libre” y se limitó a aportar una serie de
informes, documentos de Intervención y jurídicos con los que
trataba de avalar la legalidad de los fraccionamientos de
pagos que se realizaron por compras a Kibesan y en todos los
casos, por cantidades inferiores a 18.000 euros.
Según expertos consultados, había un presupuesto aprobado
con una dotación concreta que tenía una partida económica de
600.000 euros y donde Yolanda Bel ha podido incurrir en
delito es en fraccionar a su gusto y manera esa cantidad
para comprar a una misma empresa “a dedo” y donde sólo
prevalece su voluntad de hacerlo, eludiendo la convocatoria
de un concurso público con publicidad y todos los preceptos
legales. Ahí es donde Yolanda Bel ha podido incurrir en
responsabilidad penal, ya que la designación “a dedo” es una
forma directa de beneficio y se dirige al benefactor como
“producto de su voluntad”, decía Conciencia Libre en su
denuncia.
El fraccionamiento de pago protagonizado por Yolanda Bel
ascendía a 39.748 euros mediante la fórmula de “gastos
menores” con el fin de eludir los requisitos legales que son
preceptivos en estos casos en el supuesto de que la partida
disponible de 600.000 euros hubiera sido sacada a concurso
público con la publicidad y mediante el procedimiento de
adjudicación correspondiente.
De esta manera, Yolanda Bel eludía el concurso público y
privaba de la posibilidad de concurrencia de otras empresas
a los contratos de interés público y, por tanto, coarta la
libertad de libre mercado, así como la opción legítima de
posibles competidores.
Conciencia Limpia siempre ha planteado que “estamos ante una
adjudicación verbal, fraccionada y continuada de compra de
suministros”. En la denuncia de esta Asociación se dice que
las resoluciones de Yolanda Bel han sido arbitrarias y
dictadas a sabiendas de su injusticia. De ahí la petición
que se formuló de los presuntos delitos de prevaricación y
tráfico de influencias.
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‘Caso Kibesan’/ Imputación de la
consejera Yolanda Bel
