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El Pleno de la Asamblea acordó por unanimidad aprovechar el
proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
para regularizar las viviendas que sean susceptibles de ser
legalizadas. La consejera de Fomento, Susana Román, ha
explicado que la actualización del PGOU, ahora en periodo de
exposición pública, permite dar respuesta a esas situaciones
siempre y cuando se trate de viviendas que no estén
construidas, por ejemplo, en espacios que afectan a la
defensa nacional, de dominio marítimo terrestre o de
carreteras, es decir, viviendas que no puedan ser
legalizadas “bajo ningún concepto”.
Román ha propuesto, utilizando el PGOU como instrumento base
y a sabiendas de que esto no es “un huevo que se echa a
freír”, revisar la calificación de los suelos afectados por
viviendas susceptibles de ser regularizadas con el objetivo
final de transferir la propiedad del suelo a los
propietarios de las viviendas para que estos puedan hacer
los trámites oportunos como cualquier otro propietario de un
piso.
“Tenemos la oportunidad histórica de hacerlo y de hacerlo
todos a la vez”, ha animado la titular de Fomento el voto de
la oposición a favor de la transaccional con que ha rebatido
la propuesta del Grupo Parlamentario Caballas de implementar
un plan especial para la regularización de viviendas
ilegales.
Recinto Sur, Arcos Quebrados y Príncipe son algunos de los
lugares citados por Román en su intervención ante el Pleno
de la Asamblea, foro en el que ha indicado que en el caso de
viviendas irregulares levantadas sobre terreno propiedad de
Defensa, cabe incluir esa casuística en el convenio que el
Gobierno de Ceuta negocia con el Ministerio para adquirirlo
en propiedad.
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pleno
