|
Los miembros del Consejo de Gobierno acordaron ayer, a
propuesta de la consejera de Cultura, desistir de la
expropiación de la parte de Pasaje Fernández en la que se
encontraron restos arqueológicos y que la Ciudad quiso poner
en valor. La decisión se ha producido apenas cuatro días
después de que la promotora de las viviendas que allí se
iban a construir, Invercap, denunciara a los miembros del
Ejecutivo de Vivas, con el presidente a la cabeza, por
presuntos delitos de prevaricación continuada, estafa, y
amenaza de daños contra el patrimonio de la empresa. Aunque
el portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, dijo que desistir
de la expropiación nada tiene que ver con la denuncia,
parece una consecuencia clara de la falta de acuerdo entre
ambas partes, que estuvieron intentando alcanzar un convenio
hasta el mismo lunes, según ha podido saber EL PUEBLO.
A pesar de que los restos fueron declarados de interés
público, Carreira señaló ayer tras el Consejo de Gobierno
que la decisión se ha tomado porque el Ejecutivo “ha visto
que no iba a recibir el bien que pretendía”. Y es que, el
miércoles el portavoz explicó que si no se ha expropiado la
parte del subsuelo donde se encuentran los restos es porque
la promotora no ha construido el edificio proyectado, donde
se contemplaba dejar el hueco de los restos para ponerlos en
valor y hacer un museo. Un argumento mediante el cual la
Ciudad quiere sacudirse la responsabilidad de no haber
realizado la expropiación forzosa para conservar los restos
que la misma administración ha declarado como de interés
público.
Carreira siguió insistiendo en que la administración no iba
a expropiar el suelo, sino parte de una construcción. “Como
eso no ha sido posible y parece que no lo va a ser, poco
sentido tiene mantener vivo un expediente que no se va a
culminar”, alegó para justificar que fue por esta situación
por la que se pidió una valoración de todo el terreno y que
situaba en más de cinco millones de euros. Un coste que la
Ciudad no está dispuesta a asumir “para hacer un museo”. “La
administración no tiene el deber de soportar un gasto muy
superior al inicialmente previsto, porque el particular no
haya cumplido con el objetivo”, defendió el portavoz.
¿Cómo conservar los restos?
Por eso ahora se ha acordado desistir de la expropiación y
al mismo tiempo abrir un expediente para decidir si este
desistimiento requeriría algún resarcimiento respecto de la
propiedad privada, según explicó Carreira, que por otra
parte no señaló que la ley sí recoge que ante cualquier
desistimiento de expropiación la administración debe correr
con el pago de los daños causados al propietario. Para este
procedimiento que ahora quiere iniciar el Gobierno, se ha
nombrado a un funcionario instructor que hará la propuesta
correspondiente.
Por otro lado, ante la pregunta de en qué situación quedarán
los restos, Carreira se limitó a decir que “con su debida
protección y preservación”, pero no aclaró cómo pretende
hacer resto. Y es que, si el Gobierno renuncia a expropiar
la parte del solar donde se encuentran los restos mortuarios,
no puede obligar al particular a preservar estos restos a
los que renunciaría la propia administración si finalmente
se materializa el acuerdo alcanzado ayer para desistir a la
expropiación de parte de Pasaje Fernández.
Causa ‘expropiandi’
No obstante, la decisión de desistir a la expropiación de
momento se queda sólo en el ámbito político ya que, hasta el
momento, no tendría ninguna base técnica puesto que existe
un informe de la Comisión de Patrimonio en el que se
declaran los restos de interés público, como así se encargó
de recordar hace unos días el portavoz del Gobierno. Un
interés público que conlleva la obligación de que la
administración expropie el lugar donde se encuentran los
restos y que, en el caso de desistir, debería argumentarse
por qué esos restos dejan de ser de interés público.
Ya en 2003 el Tribunal Supremo sentenció, en un caso
similar, que no procedía el desistimiento a expropiar un
bien declarado de interés cultural por el Ayuntamiento de
Oviedo, porque no había desaparecido la causa ‘expropiandi’
que justifico la expropiación. Algo que en este caso tampoco
se ha justificado, porque el Supremo entiende que no tener
dinero no es argumento.
|
|
Uno de los delitos que imputa Invercap al Gobierno es el de
amenazas por anunciar que podría no expropiar
Uno de los tres presuntos delitos
por los que Invercap ha denunciado al presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, y a todos los miembros de su gobierno es
el de amenaza de daños contra el patrimonio de la empresa.
En la denuncia se argumenta que se han producido
manifestaciones públicas de los denunciados afirmando que el
Consejo de Gobierno estaba pensando desistir del expediente
expropiatorio, tres años después de iniciado, lo cual sería
“una actuación que constituiría un claro ataque al
patrimonio de la empresa, por lo que se trata de una amenaza
de causar un mal que constituye un delito contra su
patrimonio y que por la vía de los hechos a día de hoy se ha
producido, pues no se ha resuelto ni impulsado el expediente
expropiatorio, no se ha realizado el trámite de
determinación del justiprecio, pero se ha congelado durante
todo este tiempo la propiedad de la empresa llevándola a una
situación de absoluta ruina económica”. Ahora, esta
“amenaza” se vuelve a repetir.
|
Consejo de Gobierno/ Restos
arqueológicos en Pasaje Fernández
