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Tras el escándalo surgido a raíz de la publicación, en EL
PUEBLO, del listado de adjudicatarios de las 317 VPO de la
promoción de Loma Colmenar, una lista “fantasma” como la ha
denominado el Ejecutivo local, a pesar de que ya estaban
confeccionados los 317 contratos con nombres y apellidos
(junto con los boletines de luz y agua) y que empleados de
Emvicesa ya habían procedido a llamar a 100 personas
incluidas en la misma, el Gobierno de Vivas ha respondido de
forma contundente –acertada para unos y exagerada para
otros-. A la decisión anunciada el pasado viernes por el
portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, de custodiar las
llaves de la viviendas en una caja fuerte del despacho del
presidente Vivas, se ha unido la orden de reforzar la
seguridad en torno a la promoción de viviendas, ante el
elevado riesgo que existe de que algunos de los que fueron
llamados por Emvicesa para hacerles entrega de las llaves o
de los que han visto incluidos sus nombres en el listado
publicado, o incluso algunos de los muchos que se que
quedaron excluidos del listado publicado el pasado jueves,
pudieran ocupar ilegalmente las viviendas, dando ‘la patada
en la puerta’.
En este sentido, el mismo día de la publicación del listado
se ordenó que la UIR de la Policía Local estuviera presente
en Loma Colmenar, para posteriormente decidir que fueran
otras patrullas de la Policía Local las que tuvieran una
presencia más constante en torno a la promoción de
viviendas. Todo ello, junto a los vigilantes de seguridad
contratados las 24 horas del día. Todo hace indicar que el
nivel de vigilancia en las 317 viviendas seguirá y sno se
anulará hasta que sean entregadas todas las viviendas a sus
adjudicatarios. Comisión de Investigación Tras mantener
contactos con el Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Manuel Hernández, Caballas ha decidido apoyar la
creación de una Comisión de Investigación, y es que desde la
coalición entienden que “más allá de determinar quién filtró
la denominada “lista fantasma”, se debe abrir un proceso
serio y riguroso que llegue hasta las últimas consecuencias
para depurar responsabilidades políticas y penales si fuera
necesario”, añadiendo que “no es de recibo que se esté
jugando con el derecho constitucional de tener una vivienda
de esta vil forma. Por ello, y porque creemos que la
ciudadanía reclama de los grupos de oposición una actuación
conjunta en este tipo de escándalos, nuestros cuatro
diputados, firmarán la propuesta del GPS”, ha subrayado
Caballas. Hay que recordar que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta, Manuel
Hernández, solicitó el pasado viernes la creación de una
Comisión de Investigación “por tratarse de un asunto de sumo
interés público para la ciudad” y para “conocer con toda
exactitud los criterios de selección y el baremo aplicado”.
El Reglamento de la Asamblea vigente establece que el Pleno
puede, “por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros y
a petición de al menos dos Grupos Políticos”, crear
Comisiones de Investigación “sobre cualquier asunto de
interés público para la Ciudad”. En este sentido se
manifestó el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel, quien
aseguró que el Gobierno de Ceuta estaba “abierto” a secundar
la creación de una Comisión de Investigación sobre el “muy
grave” suceso. “Esto suena muy mal pero el presidente ha
sido diáfano al dejar claro que esta legislatura iba a ser
la de la transparencia y el consenso y por esa senda se está
trabajando de forma impecable”, recordó. Una vez
constituidas, las Comisiones de Investigación tiene que
elaborar “un plan de trabajo” y puede requerir la presencia,
por conducto de la Presidencia de la Asamblea, “de cualquier
persona” para ser oída. Los extremos sobre los que deba
informar la persona requerida deberán serle comunicados con
una antelación mínima de tres días hábiles.
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Promoción 317 VPO en Loma
Colmenar
