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Pese a la dispersión de los órganos judiciales y su
extrapeninsularidad, la ciudad autónoma es un buen ejemplo a
nivel nacional en materia de Justicia. Y así lo confirmó el
secretario de Estado, Juan Carlos Campo, quien advirtió que
“la justicia titular de Ceuta tiene una respuesta mucho más
rápida que otros sitios de España” ya que la ratio de jueces
por cada 100.000 habitantes supone el doble que en el resto
del territorio situándose en 20’6 mientras que en otras
autonomías se establece en 10’1 jueces. La reforma del
Código Penal, los presupuestos para el presente ejercicio,
el papel de los sindicatos en la NOJ y el avance legislativo
fueron otras cuestiones de las que habló Campo para EL
PUEBLO.
Pregunta.- El Gobierno central ha contemplado este año, en
los Presupuestos Generales del Estado, destinar una de las
mayores partidas económicas de la historia para la
Administración de Justicia, a pesar de la crisis y cuando se
producen recortes en casi todos los ministerios, ¿por qué?
Respuesta.- Ha habido un compromiso del Gobierno dando y
materializando la promesa que hizo el presidente del
Gobierno en su debate de envestidura de que la reforma de la
Justicia era inaplazable, sin admitir esperas. Y eso se
tenía que traducir en muchas cosas, como el conjunto
normativo, de ahí la entrada en vigor desde hoy de las leyes
procesales. Además, el compromiso asumido por el ministro
Caamaño ante el Congreso y el Senado, de aportar 600
millones de euros extras y adicionales en la modernización
de la Justicia, y por tanto, eran 200 por año. El primero no
lo ha cumplido; no fueron 200 sino 218’5, de modo que los
1.808 millones de euros que conforman el presupuesto para
este año no son sólo cuantitativamente los mayores de la
historia sino que también es la primera vez que se articulan
en función de unas políticas concretas de modernización:
tecnologías, incremento del personal, compromiso de contar
con 750 jueces más al final de la legislatura, 800
secretarios, abrir 600 nuevas unidades judiciales, y de
ellas, 150 de los jueces de atención territorial, una nueva
figura que ha sido introducida en la Ley orgánica y que muy
pronto será una realidad. Ahora tenemos que concretar con el
Consejo cuáles serán las primeras 50 ya que se ha cerrado el
pacto con las comunidades autónomas para el despliegue de
nuestros jueces de adscripción territorial en los distintos
territorios.
P.- El equipo ministerial ha hablado mucho sobre el
consenso social, sin embargo, las mesas de retribuciones y
empleo con los sindicatos han sido numerosas e intensas con
respecto a las RPT’s de la Nueva Oficina Judicial...
R.- Los sindicatos están en una labor tremendamente
constructiva, defendiendo sus intereses sindicales, pero
decir que hace muy poco se ha firmado un acuerdo para el
despliegue de la NOJ. Puedo asegurar que el factor humano
está siendo tremendamente mimado por el ministro Caamaño.
P.- La figura del secretario judicial va a ser la
protagonista en todo este proceso, ¿no se teme que asuman
demasiadas competencias y pueda producirles un colapso en
todos los niveles?
R.- No porque el legislador ha sido consciente de que es un
cuerpo superior, tremendamente especializado, y el
Ministerio, siendo consciente de ello, está facilitando una
tarea que es nuestra obligación: la formación y la
especialización. Hay un despliegue que suma 1.300 cursos,
miles de horas de formación, y un presupuesto de tres
millones de euros para que la misma llegue a todos y cada
uno de los secretarios desplegados por el territorio
nacional. Por tanto, confiamos plenamente en este cuerpo
superior para que pueda llevar a cabo las nuevas tareas que
las leyes procesales les encomiendan.
P.- Han hecho referencia y especial hincapié al factor
humano dentro de esta transformación pero sí es cierto que
las condiciones laborales y el medio físico de trabajo de
los funcionarios de Justicia puede determinar, en cierto
modo, el estado de los mismos...
R.- Estamos corrigiendo todas las deficiencias y
adaptándolas a las nuevas necesidades, por ello, habrá un
importante paquete de obras porque la NOJ no sólo son
tabiques. Estamos a la espera de esa sede única que Ceuta
está reclamando, y ese solar para poder empezar la
edificación del Palacio de Justicia que tiene que tener
Ceuta. Evidentemente, estamos acondicionado las sedes,
corrigiendo los defectos y preparándolas para la entrada de
las nuevas tecnologías que vertebrarán la Nueva Oficina
Judicial.
P.- ¿Podrán presenciar los 147 funcionarios de la
justicia ceutí la colocación de la primera piedra del
Palacio de Justicia este año?
R.- Los funcionarios de Ceuta deben tener claro que el
esfuerzo que se está haciendo desde la Ciudad, el Ministerio
y otras partes implicadas es una realidad, y ello, en
tiempos de crisis. Evidentemente, son cuestiones que tienen
sus tiempos; hay que hacer las cosas bien y, por tanto, esa
prudencia tiene que venir siempre cuando hablamos de
relaciones entre Administraciones. Pero que no quede ninguna
duda del interés de todos, y que en el menos tiempo posible,
esto sea una realidad física. No me atrevería a decir que la
primera piedra estuviese este año porque siempre se puede
venir en contra y desconozco cuáles podrían ser los pequeños
avatares que tengan todavía. Lo que sí creo es que la buena
noticia es el compromiso real que nuevamente ha
exteriorizado el presidente de la Ciudad y en nombre del
Ministerio por mi parte, de dar a la ciudad ese Palacio de
Justicia que está demandando.
P.- Con toda esta reforma, ¿se hará más comprensible la
Justicia para el ciudadano?
R.- Lo importante es que el ciudadano tenga una justicia en
tiempos razonables. Nuestros jueces, desde siempre, han
intentado a través de la motivación de la sentencia, el por
qué en un determinado sentido del fallo. Pero, sin duda,
esperemos que al haber puesto al ciudadano en el centro de
atención de todo el proceso, sea más comprensible para el
ciudadano y evitar esas distancias que genera un lenguaje
complejo.
P.- A este respecto, el Plan de Modernización de la
Justicia incluye un proyecto lingüístico para entender
el lenguaje específico del sistema judicial, ¿en qué momento
de encuentra?
R.- Hay una comisión que está operando en la modernización
del lenguaje jurídico donde el presidente de la Real
Academia de la Lengua y otros importantes hombres y mujeres
de este país, estamos intentando que sea más asequible para
el ciudadano, ya que sólo se cree y se confía en aquello que
se conoce y el lenguaje es el primer método para dar a
conocer algo y que sea percibido por el ciudadano.
P.- Un cariño especial le ha unido y le une a Ceuta,
tanto personal como profesionalmente, ¿ha notado los avances
en materia de Justicia en los últimos diez años?
R.- Evidentemente. La primera vez que me acerqué
judicialmente a Ceuta fue en 1990, y creo que hemos andando
muchísimo en el buen camino. Prueba de ello es que, hoy,
Ceuta cuenta con una ratio juez-ciudadano que dobla el resto
del territorio nacional, que tienen una media de 10’1 jueces
por cada 100.000 y Ceuta se encuentra con un 20’6 por cada
100.000 habitantes, lo que evidentemente me permite decir
que la Justicia titular que se está realizando en Ceuta
tiene una respuesta más rápida que en muchos otros sitios de
España.
P.- El Plan de Gestión de Riesgos y Contingencias del
despliegue de la NOJ en Ceuta contempla como riesgo crítico
la mudanza y el traslado de expedientes, en previsión de
“caos” si no se planifica adecuadamente. Lo que podría
producir pérdida de procedimientos o expedientes...
R.- Rechazo la idea del caos lo que no quiere decir que no
pueda producirse la pérdida de un expediente como ha
ocurrido toda la vida y ojalá no vuelva a suceder. Pero sí
puedo asegurar que lo que se está haciendo intenta minimizar
los riesgos; estamos hablando del factor humano y, por
tanto, son muchas las variables que contiene pero sí estamos
apostando por un correo segurizado donde no es necesario el
traslado de papel, así que todo lo que redunde en eso hará
que el papel sea menos importante y más difícilmente que se
pierda.
P.- Uno de los objetivos fundamentales de la Presidencia
española de la UE en el sector Justicia será el refuerzo de
los derechos fundamentales. Sin embargo, no sé si será
consciente de la problemática que atañe a Ceuta en cuanto a
ese número de inmigrantes que poseen la tarjeta de asilo
pero no tienen permitida la libre circulación por el
territorio nacional...
R.- Es un tema que hay que tratar pormenorizadamente; el
delegado del Gobierno es sensible con todos estos temas y
estoy seguro de que los articulará correctamente a través de
las autoridades ministeriales pertinentes.
P.- Además de la reforma procesal que entra en vigor hoy,
también se está modificando el Código Penal, ¿en qué se
centrarán los ejes del cambio?
R.- Es una reforma importantísima que afecta a 150 artículos
y que tiene un aspecto fundamental, la atención a las
víctimas, y por tanto, garantizar su seguridad. Se han
introducido aspectos como la libertad vigilada y se lucha e
incide en tres aspectos fundamentales: la corrupción, la
pederastia y el terrorismo.
P.- Esos tres conceptos, corrupción, pederastia y
terrorismo, sí que deben contemplarse como una lucha de
consenso, ¿por qué hubo abstenciones?
R.- El Partido Popular tendrá que explicar por qué se ha
abstenido de un código en el que había participado tanto y
en el que tantas de sus inquietudes han sido recogidas. Da
la sensación de que, al final, a la elevación de las penas a
los delitos de corrupción no han querido sumarse. Pero es
una mejora que ha sido muy necesaria, sentida por todos y
por ellos durante mucho tiempo, y ha sorprendido que al
final no dieran su voto favorable a una reforma tan
necesaria, ya que cumple parámetros y exigencias de nuestra
Presidencia en Europa, necesaria porque limita y restringe
zonas de impunidad en factores de protección sexual de
nuestros menores, compromisos internacionales y un paquete
de reformas técnicas.
P.- ¿La cadena perpetua podría aparecer en algún artículo
del nuevo texto legal?
R.- No aparece por ningún sitio porque es un debate que
tiene mucho de demagógico. Nuestro cumplimiento íntegro y
efectivo de las condenas, desde el año 2003, nos lleva en
muchos casos a penas muy superiores a las que se podrían
alcanzar con una cadena perpetua revisable, con menos años
de cárcel. Es un débil recurso.
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entrevista /
juan carlos campo secretario de estado
de justicia
