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Fomento no sólo ha modificado, como anunció, el pliego de
prescripciones administrativas del concurso de la línea de
interés público Ceuta-Algeciras, en el que se ha suprimido
la cláusula de solvencia que no cumplía la única naviera que
se presentó en la primera convocatoria, Baleària. Marina
Mercante ha decidido también aplicar un cambio en el pliego
de prescripciones técnicas, al rebajar de 800 a 600 las
butacas de contrato. EL PUEBLO ya adelantó que ninguno de
los actuales barcos se adaptaban a ese requisito.
El Ministerio de Fomento no sólo ha eliminado la cláusula de
solvencia económica que no cumplía Baleària, sino que
también ha modificado otro requisito que, según adelantó EL
PUEBLO en su edición del pasado día 9, era al menos difícil
de cumplir por las navieras, la del número de butacas a
ofertar. Sin embargo, en la nota en la que, el pasado
sábado, Fomento informaba de la nueva convocatoria del
concurso, sólo hacía referencia a la “modificación de las
exigencias administrativas”.
Lo que en ningún momento ha sido objeto de explicación por
el Ministerio, aunque sí consta en el anuncio en el que, con
fecha del pasado 27 de abril, se dejaba desierto el primer
concurso -y que también dio a conocer este diario el 7 de
mayo-, es el motivo concreto que llevó a esta resolución. La
razón no era otra que el hecho de que la Mesa de
Contratación constató que “la única empresa que se presentó
a la licitación (Baleària Eurolíneas Marítimas, S.A.) no
acredita cumplir con lo requerido en la cláusula 9.1.b)”.
Tal como consta por su parte en el primer pliego de
condiciones administrativas, en la citada cláusula se exigía
“copia autenticada de las cuentas anuales (o extracto de las
mismas en el supuesto de que la publicación de estas sea
obligatoria en los Estados en donde aquellas se encuentren
establecidas) del último año presentadas en el
correspondiente registro mercantil e informe de auditoría de
las cuentas anuales en el caso de que sea preceptivo”. A
continuación, siempre dentro del mismo apartado, se exigía
que “los recursos propios (capital social suscrito y
desembolsado, más reservas) deberán ser iguales o superiores
al 30% del pasivo total de la empresa, así como al 25% del
importe anual del punto de equilibrio para el conjunto de
líneas objeto del contrato, siendo el punto de equilibrio la
igualdad entre ingresos obtenidos y gastos generados, tanto
fijos como variables, para el conjunto de líneas objeto del
contrato”. También se añadía que “dicho punto de equilibrio
será aquel que figure en el Estudio Económico de la
explotación del servicio que de acuerdo con el punto 4.b.3)
del Pliego de Prescripciones Técnicas deberá presentar el
contratista formando parte de la documentación técnica de la
oferta que presenta”.
Pues bien, en el nuevo pliego administrativo esta cláusula
ha sido suprimida en su totalidad, de modo que tan sólo
quedan dos de los tres apartados, a, b y c, de los que
constaba. Así las cosas, la cláusula de solvencia económica
del pliego queda reducida a la presentación de dos tipos de
documentos, cuya redacción no se ha variado. Uno de ellos es
el informe de instituciones financieras o justificante de la
existencia de algún tipo de indemnización por riesgos
profesionales, con el añadido de que “en cualquiera de ambos
casos el importe no podrá ser inferior al importe del
contrato”. La segunda cláusula, la actual 9.1 b) exige la
“declaración relativa a la cifra de negocios global de los
servicios o trabajos realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios (concluidos)”. “El importe
acumulado de dicha cifra de negocios en los tres ejercicios
deberá ser superior a 100 millones de euros”, tal como
figuraba antes.
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Las empresas interesadas tienen dos semanas para presentarse
Tras los cambios en las
prescripciones tanto administrativas como técnicas para el
contrato de la línea de interés público del Estrecho, y el
correspondiente anuncio de licitación, publicado en el BOE
del pasado sábado, las empresas interesadas tienen dos
semanas para presentar sus ofertas. El contrato, que se
tramita a través de Marina Mercante, tiene un presupuesto
base de 4,2 millones para un periodo de dos años, y un valor
estimado de 8,4 que se aplicaría en caso de prórroga de
otros dos. El contrato ha de estar suscrito según las
condiciones pactadas en la comisión Ciudad-Estado antes del
1 de octubre, cuando caduca el actual, que podría
prorrogarse en caso de quedar el nuevo desierto.
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