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					El Pleno de la Asamblea comenzó ayer con la aprobación de 
					las rebajas fiscales propuestas por el consejero de 
					Hacienda, Francisco Márquez, que centró la primera parte de 
					la sesión matutina de este pleno, que se alargó hasta la 
					noche. Entre las medidas se aprobaron la rebaja del IPSI en 
					vivienda, rehabilitación y productos para celíacos, la 
					reducción del tributo a embarcaciones.  
					 
					El Pleno de la Asamblea se volvió a constituir ayer, sólo a 
					falta de la diputada popular Celinia de Miguel, para ofrecer 
					una sesión ordinaria, llena de debate, medidas aprobadas y 
					cuestiones que se quedaron en meras propuestas, que se 
					alargó hasta las 21.00 horas. A las 9.30 horas arrancó el 
					pase matutino, cargado de medidas fiscales. Así, el mando de 
					la sesión lo tomó el consejero de Hacienda y Recursos 
					Humanos, Francisco Márquez, para proponer hasta cinco 
					modificaciones en una sola disposición. Un paquete que nada 
					gustó a Juan Luis Aróstegui, número tres de Caballas, que 
					hubiera preferido departir más sobre cada una de las 
					iniciativas incluidas.  
					 
					La primera propuesta de Márquez fue la revisión integral de 
					la Ordenanza Fiscal de Ceuta, una medida que a juicio de 
					José Antonio Carracao, líder del grupo socialista en la 
					Asamblea, llega demasiado tarde, ya que a pesar de las 
					modificaciones que se han hecho durante la última década, no 
					se reforma desde 2001. No obstante, por unanimidad se aprobó 
					la revisión de esta normativa, a falta de que el Ministerio 
					dé el visto bueno, una tarea de la que se encargará el 
					Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 20-N.  
					 
					En consonancia con el gobierno nacional y “motivado por las 
					circunstancias económicas”, Márquez presentó la rebaja del 
					IPSI del 4% al 2% para viviendas de nueva construcción cuyo 
					objetivo es aliviar la carga fiscal a las familias para 
					reactivar el sector de la construcción que en la ciudad se 
					ve afectado concretamente por la escasa concesión de 
					créditos. La iniciativa fue apoyada por Caballas que, no 
					obstante, solicitó que la rebaja fuera permanente para 
					“apoyar a las rentas más bajas” y que en caso de necesitar 
					mayor recaudación se graven las rentas más altas y las 
					viviendas de lujo. Mientras, Carracao desvió el debate hacía 
					la necesidad de aprobar medidas fiscales que favorezcan la 
					construcción. “Se acabaría con la falta de vivienda, se 
					abaratarían los precios y se generaría empleo”, resumió el 
					socialista. Una sugerencia que Márquez recogió para 
					estudiarla junto al Gobierno.  
					 
					Fomentar el turismo 
					 
					La tercera medida del paquete fue la rebaja del IPSI de 
					yates de más de 12 metros al 0,5%, el mismo tipo que se 
					proponía aplicar a los productos para celíacos. Y que 
					Carracao pidió que se votaran de forma separada, ya que el 
					socialista no veía en qué podía ayudar a fomentar el turismo 
					la reducción del gravamen a los yates de lujo. Mientras que 
					Caballas, que si apoyó la medida, aprovechó para, a través 
					de Aróstegui, tachar la política turística del Ejecutivo de 
					“errática” y “caótica”, en la que “nada se ha hecho en diez 
					años”, señaló el diputado.  
					 
					Este apartado incluyó una línea de trabajo con la que el 
					Gobierno pretende rebajar el gravamen en el gasóleo para 
					embarcaciones de recreo y hacer de Ceuta un punto de 
					repostaje obligado en el Estrecho. Objetivo, ante el que 
					Carracao puntualizo, que antes será necesario tener unas 
					instalaciones portuarias capaces de acoger a dichos yates.
					 
					 
					En cuarto lugar, el consjero de Hacienda propuso suprimir la 
					tasa del matadero “para reanimar al sector”, un tributo 
					“obsoleto” para Caballas que será eliminado tras el voto de 
					los diputados. 
					 
					El paquete de cinco medidas de esta primera disposición se 
					cerró con la propuesta de establecer una tasa sobre el 
					suministro de agua no potable. Un servicio que hasta ahora 
					sufragaba la Ciudad y que para Márquez no debe “ser 
					soportado por la Administración Pública”. Una propuesta que 
					vieron con buenos ojos en su fondo todos los grupos de la 
					Asamblea, pero con la que discreparon en sus formas. Así, 
					Aróstegui alegó que el informe presentado para justificar 
					esta tasa era “insuficiente” ya que la propuesta exime de 
					este tributos a aquellos servicios considerados de “interés 
					general”. El epígrafe, a juicio del diputado, 
					“interpretable” movió a caballas y socialistas a pedir que 
					se aplazara su aprobación sin ningún resultado. Finalmente, 
					y sin sorpresas, todas las medidas fiscales fueron 
					aprobadas.  
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