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					En el área de disciplina urbanística, el delegado del 
					Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, destacó la 
					“mayor colaboración” que se ha producido estos seis meses 
					entre la institución que dirige y la Ciudad. Así, “se ha 
					comenzado a denunciar a todas aquellas construcciones 
					ilegales que están dentro del ámbito de terreno público, 
					sean del Estado, de Defensa o de la propia Ciudad”. Así, 
					Delegación ha solicitado que se realice “un control mucho 
					más exhaustivo sobre la concesión de la cédula de 
					habitabilidad” de los inmuebles ilegales, además de la 
					creación de una “línea de colaboración directa entre la 
					Consejería de Fomento, el Ministerio de Defensa y Sepes”, 
					con le objetivo de “recuperar suelo público ocupado 
					ilegalmente”.  
					 
					“No puede ser que se amplíe el nivel de urbanización y que 
					haya problemas para realizar infraestructuras si encontramos 
					viviendas ilegales”, destacó.  
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