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					Tras un mes de trabajo, el Gobierno presentó ayer el 
					Reglamento de Alojamiento Alternativo con el que se pretende 
					regular las ayudas al alquiler que reciben los ciudadanos 
					más necesitados. Un documento que persigue “una aplicación 
					correcta de las ayudas para cubrir las necesidades de las 
					personas que carezcan de recursos”, según apuntó la 
					consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed. Sin embargo, 
					desde la oposición miran con otros ojos un documento que 
					calificaron de “restrictitivo”.  
					 
					“Se ha rebajado la ayuda máxima de 600 a 300 euros, se exige 
					un empadronamiento mínimo de dos años y acreditar una fuente 
					regular de ingresos, que es el mayor reproche que se le 
					puede hacer a una persona”, lamentó Fatima Hamed. La 
					diputada del grupo Caballas cuestionó la actuación de la 
					consejera dentro del Consejo de Gobierno y le preguntó por 
					qué permitió que el albergue de San José destinado a 
					familias sea finalmente para acoger a los Menores 
					Extranjeros No Acompañados (MENA). “O no pinta usted nada en 
					el Consejo de Gobierno o miente y para usted no son una 
					prioridad las familias”, recriminó la localista.  
					 
					Mohamed reconoció que este es un reglamento “duro” que 
					responde a las circunstancias actuales. No obstante, 
					momentos después y ante las críticas quiso modificar su 
					calificativo para justificar que los requisitos que recoge 
					el reglamento van encaminados a que nadie se lucre y aumente 
					el precio del alquiler sabiendo que la Ciudad ofrece ayudas 
					más altas. La consejera defendió el trabajo de los técnicos. 
					“Ellos son quienes mejor conocen a las familias”, explicó la 
					consejera para añadir que los casos que no cumplan los 
					requisitos pero sean extremos se estudiarán en la Comisión 
					de Valoración. Además, apuntó que se han destinado 400.000 
					euros a programas de alojamiento alternativo y que si sólo 
					se permiten tres meses en pensiones pagadas por la ciudad, 
					es para evitar que se aprovechen de esa situación algunas 
					familias.  
					 
					El PSOE reconoció el trabajo de Mohamed por responder a la 
					propuesta que le hicieron, pero calificó el documento de 
					“duro e injusto”. Aunque aseguró que ya tiene preparadas las 
					enmiendas para adherirlas en el periodo de exposición de 
					este reglamento. 
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