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Aunque el albergue de Hadú lleva un año y medio
“cerrado”, como destacó Juan Luis Aróstegui, y se le han
dado ya tres destinos distintos, la consejera de Fomento,
Susana Román, aceptó ayer “discutir” nuevas alternativas de
uso que le presentó el portavoz del Grupo Socialista, José
Antonio Carracao. Este fue el resultado -amén de una agria
discusión sobre la situación de los MENA-, de un debate que
duró casi dos horas, fruto de la comparecencia solicitada a
Román sobre este asunto.
Como la consejera de Fomento sabía -o al menos así lo
explicó ella misma-, que las críticas de la oposición se
centrarían ayer en las vueltas que se ha dado al destino del
albergue de Hadú, se adelantó a explicar que mientras tanto,
se ha estado trabajando. De poco sirvió sin embargo esta
explicación a los portavoces de Caballas, Juan Luis
Aróstegui, y Grupo Socialista, José Antonio Carracao. El
primero, en un tono de creciente agresividad, comenzó su
intervención dando a la Ciudad el “Premio Nobel de la
incompetencia” en este asunto.
Román explicó el origen del proyecto, que se incluyó en el
segundo Fondo Estatal de inversión local del Gobierno
Zapatero en 2010 y concebido, admitió, para atender “la
demanda de familias en situación de vulnerabilidad social”.
Y así se diseñó y se construyó el edificio, como un centro
de realojo temporal para colectivos vulnerables, con
capacidad para 300 personas y con un coste de 5 millones de
euros. Las obras terminaron en julio de 2011 y cuando
Asuntos Sociales “trabajaba en un reglamento de uso y el
pliego para la licitación del mobiliario y el alumbrado”,
surgió lo que Román denominó la “cuestión” de los menores.
Esta denominación, para ella, sólo un “sustantivo”, despertó
la ira de Aróstegui, quien le reprochó que se refiriera de
este modo a unas personas que “merecen todo el respeto” y no
estar, como aseguró él que les mantiene la Ciudad,
“hacinados”.
El caso es que al obligar el fiscal al cierre del centro de
La Esperanza, la Ciudad cambió de parecer y destinó el
albergue a este uso. Pero hete aquí que, de nuevo, siempre
según la versión del Gobierno, cuando se trabajaba en la
modificación del proyecto ejecutado y durante la preparación
del Plan de Inversiones, “en busca de una solución para
construir nuevas viviendas la GIUCE encontró unas nuevas
soluciones técnicas para un centro de menores, parecidas a
la del albergue pero más evolucionadas”. El coste de la
nueva construcción se calcula entre 500.000 y 800.000 euros
y el Gobierno volvió a cambiar el uso del edificio de Hadú,
esta vez, dirigido a los “jóvenes” y con un 20% para
emergencia social y otra parte para Feaps.
Aróstegui fue más lejos en el tiempo y reprochó al Gobierno
de Vivas que en doce años no haya construido un centro de
menores y que el albergue lleve cerrado 18 meses cuando en
la ciudad existe un “déficit de equipamientos” que según él
nadie niega. “No quieren que las cosas funcionen, sino que
parezca que funcionan y por eso mantienen esa férrea
dictadura sobre los medios de comunicación”, aseguró en uno
de sus argumentos más reiterados en los plenos. “No han
hecho nada más que ir con papeles de un lado a otro”,
aseveró, para añadir que “para usted será muy interesante,
pero para los ciudadanos es una estupidez”.
En tono más constructivo, José Antonio Carracao, del grupo
Socialista, reprochó al Gobierno que sea “incapaz de
convocar la comisión de infraestructuras sociales” y que los
“vaivenes” de las decisiones que ha tomado hayan convertido
el albergue en un “cajón de sastre”.
Carracao llevaba preparadas dos alternativas de uso, la
primera de ellas, para “emergencia social, el banco de
alimentos, como centro de formación e inserción laboral y
entidades sociales”, es decir, como “centro integral para la
prevención de la exclusión social. La segunda alternativa
sería, explicó el socialista, destinar este equipamiento a
entidades y personas con discapacidad, con pisos tutelados
para este colectivo.
Tras responder a Aróstegui que no había hecho “ni una sola”
propuesta viable para los MENA, Román no sólo se mostró de
acuerdo con el PSOE en la constitución de la Comisión de
Infraestructuras Sociales, aunque advirtió que no es de su
competencia, sino que para concluir, se mostró dispuesta a
“discutir” sobre el uso de este albergue. “El uso que
propone está muy cercano a lo que plantea el Gobierno y
aunque lo expone como una dicotomía no creo que lo sea, así
que podemos discutir sobre el objetivo del albergue”, zanjó
la consejera.
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PLENO EXTRAORDINARIO DE LA ASAMBLEA
