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La coalición Caballas, exigirá hoy al Pleno a través de una
moción de urgencia la reprobación al Gobierno “por su
negligencia culpable al consentir que la empresa
concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida
domiciliaria de basuras, URBASER, haya incumplido
impunemente, de manera sistemática y continuada, el Pliego
de Condiciones que regula dicho servicio, lesionando los
intereses generales y ocasionando un considerable quebrante
a las arcas públicas”.
Caballas exigirá “la dimisión o cese de cuantos cargos
públicos hayan ostentado la responsabilidad de velar por el
cumplimiento del pliego de condiciones durante su
aplicación”. Los localistas acusan al Gobierno de “falta de
respeto al Pleno de la Asamblea como órgano de
representación política de todos los ciudadanos, al mentir
de manera flagrante en el transcurso de una Sesión
Plenaria”, que se celebró el 21 de diciembre de 2011 en la
que Aróstegui preguntó por el pago de los camiones ya
amortizados.
Caballas expone en su moción que “como consecuencia del acto
de entrega del inmovilizado adscrito al servicio a la
Ciudad, previsto en el Pliego de Condiciones, y su obligada
valoración para su correcta contabilización, se pone de
manifiesto que las cantidades que figuran en las
certificaciones abonadas bajo el epígrafe ‘amortización’,
excede de manera desmesurada en el ‘precio de adquisición’
de los vehículos que figura en el Contrato”.
La coalición prosigue su exposición afirmando que ”la
diferencia estimada por el técnico de Contabilidad adscrito
al negociado de patrimonio se sitúa en torno a los doce
millones y medio. La publicación de ese dato,
interpretándolo como una presunta ‘malversación de fondos’,
ha ocasionado una fuerte polémica”, lamentándo que “el
Gobierno de la Ciudad ha adoptado la posición de integrar en
un único expediente todos los pormenores relativos al
contrato y resolverlo en su conjunto ante los tribunales”.
Caballas defiende que “los ciudadanos, entre los que los que
figuran quienes sufren las consecuencias del paro y la
pobreza tienen derecho a saber qué ha pasado con sus
impuestos, en qué y cómo se han utilizado los fondos
públicos: los ciudadanos necesitan respuestas claras,
convincentes e inmediatas”
Por ello, Caballas considera que “es preciso tomar las
decisiones pertinentes sobre todos los hechos que estén
suficientemente probados”, ya que el Gobierno de la Ciudad
“ha sido culpablemente negligente en el cumplimiento de su
obligación esencial, que no es otra que velar por los
intereses generales, y este caso por el estricto
cumplimiento del contrato de limpieza y la correcta gestión
de los fondos públicos”.
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el ´caso urbaser´
