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					Mohamed Alí, portavoz del Grupo Caballas, instó al Gobierno 
					entablar una acción ante el Juzgado de lo Penal por posible 
					delito ecológico como consecuencia de los continuos vertidos 
					de fuel en las costas de la ciudad. 
					 
					En este sentido, el líder de Caballas apoyó su propuesta en 
					que desde hace aproximadamente dos meses se vienen 
					produciendo vertidos de fuel en las costas de la Ciudad en 
					cantidades más que considerables, manifestando que el 
					desastre ecológico es de respetables proporciones, 
					incluyendo una posible contaminación del agua que se filtra 
					en la desaladora para consumo humano.  
					 
					Durante su comparecencia en la sesión plenaria celebrada 
					ayer, el líder de Caballas, Mohamed Alí, recordó que desde 
					el primer momento, la formación localista alertó al Gobierno 
					de la Ciudad de la gravedad de estos hechos e incluso 
					intervino ante la Autoridad Portuaria para exigir una 
					actuación inmediata en el ámbito de sus competencias.  
					 
					Caballas recriminó que los vertidos se siguen produciendo y 
					no se ha incoado expediente alguno para exigir las 
					responsabilidades pertinentes a quien corresponda, a la vez 
					que consideraba que la protección del medio natural es una 
					prioridad inexcusable y ante cualquier agresión es preciso 
					responder de la forma más contundente posible. 
					 
					En este sentido y durante su comparecencia, el consejero de 
					Medio Ambiente, Gregorio García Castañeda se mostró de 
					acuerdo con los argumentos esgrimidos por Caballas, pero 
					matizó que estos vertidos se han producido por un accidente, 
					a la vez que indicaba que la Consejería de Medio Ambiente ha 
					hecho bien su trabajo, de ahí que a la propuesta de Caballas 
					introdujera una matización que fue aceptada tanto por 
					Caballas como por el PSOE y con la que se acordó finalmente 
					que una vez recabada toda la información disponible sobre 
					los vertidos, tramitar un expediente sancionador de carácter 
					administrativo y proceder a su puesta en conocimiento de la 
					Fiscalía en el caso de considerarse un posible delito 
					ecológico. 
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