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					La Ciudad “va a clausurar el centro de ‘La Esperanza’ en el 
					periodo que ha solicitado la Fiscalía”. Así lo ratificó ayer 
					durante el Pleno de la Asamblea la consejera de Juventud, 
					Deporte y Menores, Susana Román, quien respondió a la moción 
					de urgencia del grupo Caballas sobre cuáles van a ser las 
					medidas a tomar en este asunto.  
					 
					La Ciudad “va a clausurar el centro de ‘La Esperanza’ en el 
					periodo que ha solicitado la Fiscalía”. Con estas palabras, 
					la consejera de Juventud, Deporte y Menores, Susana Román, 
					respondió a la moción de urgencia presentada por el grupo 
					parlamentario Caballas. En ella, se instaba el Ejecutivo 
					local a que el Pleno acordara “dar cumplimiento al 
					requerimiento del Ministerio Fiscal de clausurar el centro 
					de menores, previo pronunciamiento claro del Gobierno sobre 
					la ubicación definitiva de los MENA”. El asunto causó un 
					serio debate entre el portavoz del partido localista, 
					Mohamed Alí y la consejera, quien aseguró que los menores no 
					van a ser trasladados al centro del ‘Mediterráneo’: “Los 
					ciudadanos pueden estar muy tranquilos en este sentido”, 
					sentenció.  
					 
					El “problema” es que este traslado “tiene mil caras”, según 
					Román. Pero la oposición considera “grave no tener cierta 
					previsión en este asunto”. Y es que, Román prefirió no dar 
					detalles sobre el lugar en el que se ubicará a estos 137 
					menores a pesar de que Alí le insistió en reiteradas 
					ocasiones.Por su parte, el portavoz del grupo socialista, 
					José Antonio Carracao, se mostró “decepcionado en torno a la 
					gestión del centro de menores; ya se había avisado que la 
					solución no era trasladar a los MENA”.  
					 
					Moción por la APFS 
					 
					Caballas también presentó otra moción de urgencia para “dar 
					cumplimiento al acuerdo plenario del 30 de abril de 2010 por 
					el que se procedía a satisfacer la demanda de la Asociación 
					de Padres y Madres de Familia separados de Ceuta” en 
					relación a las “trabas” al acceso a documentos “relativos al 
					empadronamiento de sus hijos, a pesar de tener la patria 
					potestad”, aseguraban.  
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