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Los grupos de la oposición presentaron ayer 11
interpelaciones al Gobierno de la Ciudad. Entre ellas, una
de las que suscitó más polémica fue la de estructuración del
sector público. El portavoz de Caballas, Mohamed Alí,
solicitó más información y Francisco Márquez aseguró que
esta iniciativa estaba en el programa del PP.
Los grupos de la oposición presentaron ayer un total de 11
interpelaciones al Gobierno de la Ciudad. La primera de
ellas, una de las que más debate suscitó, fue la solicitud
por parte del portavoz de Caballas, Mohamed Alí, sobre la
estructuración de los planes del sector público empresarial.
El consejero de Hacienda y RRHH, Francisco Márquez,
argumentó que esta situación “no es ninguna novedad” ya que
se planteó como “objetivo” en el programa electoral del PP
de las elecciones autonómicas. Alí se mostró “preocupado”
sobre todo por “el futuro de los trabajadores de Procesa” y
solicitó “más información” sobre el expediente de disolución
del Instituto Ceutí de Deportes.
Muebles del Conservatorio
Otra de las interpelaciones presentadas por Caballas y el
diputado Juan Luis Aróstegui trató sobre la cuestión de la
adjudicación de los muebles para el Conservatorio del
Revellín a la empresa Ebania. “Se han malgastado 180.000
euros, tanto que se habla de austeridad...”, ironizó.
Guillermo Martínez fue el encargado de responder por parte
del grupo popular: “No hay más ciego que el no quiere ver;
va a ser la cuarta vez que se le explique todo el proceso”.
“El concurso para los muebles fue público”, incidió de
nuevo. El debate fue duro y Martínez se mostró contundente:
“La valoración de los muebles se hizo en referencia al
pliego de condiciones y relacionados con el proyecto del
arquitecto Álvaro Siza; fue una valoración objetiva que
suponía el 25% de la oferta”. “De forma posterior, se
abrieron las ofertas económicas -lacradas- y eso no
condicionó ningún informe técnico”, aseveró visiblemente
molesto. “Si hubiéramos sabido que Siza tenía un contrato de
exclusividad con una empresa portuguesa, no se hubiera
producido un contrato público”, remarcó. Estos muebles se
han dedicado a “nuevos destinos” como el Centro Asesor de la
Mujer.
Por otra parte, el también diputado de Caballas Mohamedi
Abdelkader Maanan instó al Ejecutivo a “explicar las razonas
por las que se conceden ayudas para el estudio al gerente de
la GIUCE” ´-en referencia a Juan Manuel Doncel-. “No se
entiende cómo se crean este tipo de figuras con la que está
cayendo en el país”, aseveró durante el Pleno. “Es un señor
al que se le ha creado un traje a medida y no alega ningún
mérito para ostentar el cargo”, explicó. “No se entiende por
qué se recortan ayudas sociales y se hacen este tipo de
ayudas”, sentenció. Por su parte, el portavoz del grupo
parlamentario popular, Guillermo Martínez, informó de que
Doncel “renunció de forma voluntaria a la subvención que le
correspondía en derecho por ser una época de austeridad,
algo que le honra”, aseguró.
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“Las sociedades ajustarán sus criterios al Tribunal de
Cuentas”
El consejero de Hacienda y
Recursos Humanos, Francisco Márquez, consideró ayer durante
el Pleno de la Asamblea que las sociedades municipales
deberán ajustar los criterios de retribución a asesores y
secretarios de los Consejos de Administración a los
“criterios del Tribunal de Cuentas”. La interpelación -sobre
las dietas del interventor delegado de Obimasa- fue
presentada por el diputado de Caballas Juan Luis Aróstegui,
quien acusó de que las dietas “inapropiadas” a estos
asesores eran “herencia del GIL”. Márquez respondió que esta
iniciativa vino de Acemsa en el año 2003. Aróstegui aseguró
que su partido irá a los tribunales si el Gobierno no toma
medidas en este asunto. Caballas también presentó otra
interpelación relacionada con la creación de un programa de
ayudas a las trabajadoras autónomas.
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PLENO ORDINARIO DE LA ASAMBLEA
