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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ya advirtió hace
más de un año a la Ciudad Autónoma y a la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
sobre diversas práticas de la colaboración social. Según
publicó el diario digital ‘ceutaldia.com’ el 13 de enero de
2013, el órgano de control laboral del Ministerio de Empleo,
tras advertirles “de palabra”, emitió un ultimátum a ambas
“Administraciones responsables” en forma de un voluminoso
informe “de requerimiento y recomendación” para que acabaran
con “ciertas situaciones” detectadas en el ámbito de la
colaboración social “para evitar un fraude en la
contratación o un incumplimiento en fraude de Ley de la
normativa de acceso a la función pública”.
“Se entiende que el uso de trabajos de colaboración social
por parte de la Ciudad es una posibilidad legal que tiene
sus beneficios tanto para la función pública como para el
desempleado que no pierde contacto con el mundo laboral”,
asumía el dictamen, “pero hay que evitar concatenaciones de
contratos laborales y trabajos de colaboración social en el
mismo puesto de trabajo estructural y coberturas excesivas
en el tiempo del mismo puesto de trabajo estructural por la
misma persona, convirtiendo ésta en un cuasi-funcionario que
no es ni funcionario ni personal laboral”.
Según ‘ceutaldia.com’, la Inspección alertaba de que “pueden
existir situaciones de fraude a la contratación laboral
temporal” y, aunque evitaba “entrar en actuaciones concretas
de tipo sancionador”, daba “un periodo de reflexión a las
Administraciones competentes, la Dirección Provincial del
SEPE y la Ciudad Autónoma, para articular un sistema más
adecuado”. A su juicio, “la Comisión Provincial Ejecutiva
del SEPE” es “el foro administrativo más adecuado para
llegar a una solución sobre este tema”.
El asunto tiene enjundia, ya que las posibles
irregularidades detectadas oscilaban entre no inaceptable y
lo descabellado. En el primer apartado entraría la cobertura
“permanente” de puestos estructurales vacantes “con
trabajadores de colaboración social” y, a veces, con el
mismo. “Ajustándose a la norma estrictamente es posible
aceptar una colaboración de años de perceptores de subsidios
mayores de 52 años, pero que uno trabaje en el mismo puesto
estructural de la Administración local durante años junto a
funcionarios locales haciendo las mismas funciones sin ser
ni funcionario ni laboral parece excesivo”, adviertía la
Inspección.
En el segundo, la “concatenación” de contratos laborales
temporales “en un puesto de trabajo” para luego, cuando
estos finalizan, “tener en colaboración social al mismo
trabajador en el mismo puesto de trabajo”. “Esto es peor
todavía porque sí puede llevar a un fraude de Ley en la
contratación laboral de origen que da lugar al desempleo y
subsidio posterior, ya que aceptar esta práctica es
reconocer que dichos contratos no son en sí temporales sino
estructurales y, por tanto, deberían cubrirse con personal
fijo o funcionarial”, alertaba.
Una vía para el ‘enchufismo’
La coalición Caballas ya denunció el verano de 2012 que la
colaboración social era una de las últimas vías encontradas
por el Ejecutivo de Vivas para ‘enchufar’ a acólitos. Los
localistas lamentaban entones que en agosto que su “última
tropelía” fue la presentación de memorias nominativas para
programas de colaboración social “en las que, contraviniendo
la norma, se incluían los nombres de las personas
beneficiarias”.
Los localistas ya alertaron entonces de que la utilización
de esta vía “para sustituir puestos de trabajo ordinarios
es, en sí mismo, una práctica fraudulenta”. “Lo que sucede
es que, además, el hecho de no ser una contratación laboral,
lo que la exime de una regulación específica para la
selección del personal, otorga un mayor margen de maniobra
al Gobierno para cumplir sus compromisos con los amigos”,
criticó entonces Caballas.
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Empleo / Colaboración social
